El reinado de las lágrimas ha terminado. Los barrios marginales pronto serán solo un recuerdo. Convertiremos nuestras prisiones en fábricas y nuestras cárceles en almacenes y graneros. Los hombres caminarán erguidos, las mujeres sonreirán y los niños reirán. El infierno estará en alquiler para siempre.
Estas palabras las pronunció en 1920 el evangelista estadounidense Billy Sunday durante la entrada en vigor de la Enmienda XVIII, la ley que prohibió la fabricación y venta de alcohol en Estados Unidos. Para Sunday y millones de personas de su época, la Ley Seca prometía solucionar de raíz los problemas morales y sociales de la nación. Existía la convicción de que una norma dictada por el Estado tenía la capacidad de transformar el comportamiento humano y erradicar el mal de la sociedad.
Un siglo después, esa misma confianza en el poder del gobierno para corregir conductas ha resurgido, pero esta vez dirigida hacia las redes sociales. Hoy ha comenzado la selección del jurado que participará en el juicio contra Meta, que se llevará a cabo el 18 de agosto de 2026. Allí, en un proceso que expone a la compañía a sanciones de hasta 1.4 billones de dólares, más de 30 estados la acusan de diseñar intencionadamente Facebook e Instagram para enganchar a los menores mediante funciones adictivas, ocultar los riesgos para su salud mental y recopilar ilegalmente sus datos personales.
Esto se suma a una serie de medidas en otras partes del mundo. En noviembre de 2024, el Parlamento de Australia aprobó una legislación que entró en vigor el 10 de diciembre de 2025, prohibiendo el acceso a estas plataformas a los menores de 16 años. Siguiendo este precedente, Francia aprobó en julio de 2026 una medida que veta el uso de redes sociales a los menores de 15 años a partir de septiembre del mismo año. La premisa de los legisladores es idéntica a la de 1920: si el Estado prohíbe el acceso al recurso considerado dañino, la sociedad quedará protegida de sus consecuencias.
Sin embargo, este movimiento prohibitivo plantea dudas. Hoy, que cualquier joven maneja redes privadas virtuales (VPN), herramientas de inteligencia artificial y diversos recursos para saltarse restricciones digitales, ¿es realmente posible aplicar un bloqueo efectivo? Además, el hecho de que las plataformas o el gobierno verifiquen la edad de los usuarios exige entregar documentos e información personal, lo cual genera serias dudas sobre la privacidad. Y, sobre todo, queda la pregunta de fondo: ¿puede una prohibición aprobada por el Estado lograr el objetivo de cuidar y proteger a las próximas generaciones?
La vieja tentación de prohibir
La historia tiene grandes lecciones que enseñarnos sobre la prohibición y sus consecuencias. Antes de analizar la actual tendencia que prohíbe las redes sociales, necesitamos dar una mirada al pasado.
El movimiento de temperancia en Estados Unidos, que logró prohibir el alcohol en el país, no nació principalmente en los despachos del gobierno, sino en los púlpitos de las iglesias y en las reuniones de otros movimientos, como el feminista. Durante el siglo XIX y principios del XX, una gran parte del protestantismo estadounidense identificó el consumo de licor como la raíz de todos los males de la sociedad. Pastores y líderes consideraban que el alcoholismo destruía a las familias, fomentaba la violencia y alejaba a las personas de la fe.
Lyman Beecher, un reconocido pastor presbiteriano del siglo XIX y uno de los pioneros de este movimiento, lo resumía en sus famosos predicamentos afirmando que el alcoholismo era el pecado de la nación, advirtiendo que si no se detenía ese mal, las esperanzas del país quedarían arruinadas. Años más tarde, Frances Willard, presidenta de la Unión Cristiana de Mujeres por la Temperancia (WCTU), impulsó una agenda bajo el lema “Agitar, educar, legislar”, convencida de que la política civil debía alinearse con la moral cristiana para proteger el hogar.
Fue esta profunda motivación moral la que logró lo que parecía imposible: enmendar la Constitución e imponer una prohibición total a partir de 1920. Sin embargo, el experimento fracasó debido a una serie de realidades económicas y sociales que la ley fue incapaz de someter. Lejos de erradicar el consumo, la Ley Seca creó de inmediato un gigantesco y lucrativo mercado negro controlado por el crimen organizado. Organizaciones delictivas amasaron grandes fortunas, mientras florecían miles de bares clandestinos (speakeasies) en todo el país. La demanda del público no desapareció simplemente porque una norma la declarara ilegal, lo que provocó una desobediencia civil generalizada y una corrupción profunda entre los policías y jueces encargados de hacer cumplir la norma.
Además, la aplicación práctica de la prohibición chocó contra barreras logísticas insuperables. La geografía de Estados Unidos hacía imposible patrullar miles de kilómetros de fronteras y costas para evitar el contrabando, mientras que la producción casera de alcohol se convirtió en una actividad masiva e incontrolable. La norma no solo fracasó en su intento de regenerar moralmente a la población, sino que redujo el respeto por el sistema legal, saturó los tribunales de justicia y privó al Estado de importantes ingresos fiscales en medio de la Gran Depresión. En 1933, ante la evidencia insostenible de que la medida había generado más problemas sociales de los que pretendía resolver, la Enmienda XXI derogó definitivamente la prohibición.
¿Qué nos enseña este fracaso histórico para el debate actual sobre las redes sociales? La lección principal es que una prohibición estatal no genera autorregulación ni cambia las convicciones internas de las personas. Y, al trasladar esta intención de bloqueo al ámbito digital, las barreras técnicas y prácticas se vuelven aún más complejas.
Diversos analistas e instituciones de ciberseguridad y derechos digitales han señalado la enorme dificultad de aplicar estas medidas. En primer lugar, la verificación de edad en internet es un problema técnico no resuelto: para determinar quién es menor de 16 años, las plataformas se ven obligadas a verificar la identidad de toda la población. Esto exige recopilar documentos oficiales o escaneos biométricos faciales de millones de adultos, lo que crea riesgos graves de ciberseguridad, filtración de datos sensibles y mecanismos de vigilancia masiva.
Además, las formas de eludir la norma están al alcance de cualquier adolescente. Diversos expertos en tecnología explican que los jóvenes pueden saltarse los bloqueos usando redes privadas virtuales (VPN), cambiando la ubicación geográfica de sus dispositivos, recurriendo a cuentas compartidas o migrando hacia plataformas no reguladas y aplicaciones de mensajería encriptada. De hecho, analistas del Cato Institute y de la Electronic Frontier Foundation (EFF) advierten que expulsar a los menores de las redes sociales convencionales no elimina el peligro, sino que puede desplazarlos hacia entornos digitales más oscuros y no moderados, donde los riesgos son mucho más difíciles de auditar. Intentar imponer un bloqueo estatal absoluto sobre un ecosistema digital abierto resulta tan ilusorio y contraproducente como lo fue patrullar cada hogar estadounidense en los años 20.
No obstante, el fin de la Ley Seca no significó un acceso sin control. La sociedad comprendió que, aunque la prohibición total para adultos era imposible, existía una categoría donde la restricción legal sí tenía todo el sentido: los menores de edad. Con el paso de las décadas, se estableció una edad mínima legal para el consumo de alcohol, respaldada por la evidencia médica.
En efecto, estudios desarrollados por el Instituto Nacional sobre el Abuso del Alcohol y el Alcoholismo de Estados Unidos (NIAAA) han demostrado que el cerebro humano continúa desarrollándose hasta los 25 años. Durante la adolescencia, el consumo de alcohol altera el crecimiento de la corteza prefrontal —la zona encargada de la toma de decisiones y el autocontrol— y provoca un deterioro acelerado de la materia gris. Además, las investigaciones confirman que quienes comienzan a beber antes de los 15 años tienen hasta cuatro veces más probabilidades de desarrollar dependencia al alcohol en su vida adulta en comparación con quienes esperan hasta los 21 años. En este caso, la ley no busca imponer una norma moral a la fuerza, sino proteger un organismo en desarrollo que carece de la madurez biológica para procesar una sustancia tóxica.
Así, concluimos que la prohibición en sí misma no soluciona la demanda de la sociedad por sustancias adictivas. Y si trasladamos eso al ámbito digital, podemos afirmar también que impedir las redes no soluciona el problema de fondo. Sin embargo, parece ser que el enfoque en los menores tiene más sentido, pues ellos requieren de un cuidado particular en vista de su inmadurez para manejar los hábitos potencialmente adictivos. Pero aquí aparece un problema más complicado: no es tan claro que las redes sociales les hagan daño a los menores exactamente de la misma manera que el alcohol.
El rol del Estado respecto al Imago Dei: ¿hasta dónde debe protegernos?
Hasta este punto, hemos analizado el debate dando por sentado que el gobierno tiene el derecho legítimo de intervenir y prohibir todo lo que considere dañino. Sin embargo, esto nos obliga a retroceder. Antes de comparar el daño que producen las redes con el que produce el alcohol, debemos hacernos una pregunta más fundamental: ¿cuál es el alcance y la función que Dios le ha asignado al Estado?
En su obra Política según la Biblia, el teólogo Wayne Grudem explica que la función principal del gobierno civil es proteger a los ciudadanos y promover la justicia, un mandato que se fundamenta en la responsabilidad de preservar la vida humana expresada desde Génesis 9. En una línea muy similar, el teólogo Jonathan Leeman afirma:
Todo lo que hace un gobierno —cada ley que dicta, cada fallo judicial que declara, cada código de la agencia ejecutiva que hace cumplir— debe hacerlo con el propósito de proteger y afirmar a sus ciudadanos como imagen de Dios. Su labor de establecer o mantener la justicia debe medirse siempre bajo el estándar de la imago Dei.
Si evaluamos el papel del Estado bajo el criterio de proteger la imagen de Dios en el ser humano, resulta totalmente lógico y coherente que la ley prohíba el consumo de alcohol en los menores de edad. En un organismo en desarrollo, la toxicidad del etanol provoca un daño biológico y neurológico que es directo, objetivo e indiscutible. En el caso de los adultos, aunque el exceso es perjudicial, la ley les reconoce la capacidad de decidir cuándo y cuánto consumir. Corresponde principalmente a la familia y a la Iglesia formar la conciencia y enseñar el autocontrol, pues un trago no posee la naturaleza destructiva de un delito como el homicidio, y es responsabilidad moral del individuo evitar que una copa se convierta en embriaguez.
El problema en el debate actual es que se está intentando tratar a las redes sociales exactamente al mismo nivel que a las sustancias tóxicas o a los estupefacientes. Muchos están haciendo un paralelo jurídico y político que se está discutiendo intensamente en los tribunales: la comparación entre los gigantes tecnológicos como Meta y las grandes tabacaleras (Big Tobacco).
Durante la década de 1990, la industria del tabaco en Estados Unidos enfrentó una ola de demandas históricas que culminaron en el Gran Acuerdo Marco de 1998. La clave de aquel proceso fue la revelación de que las tabacaleras sabían perfectamente desde hacía décadas que la nicotina era altamente adictiva y cancerígena. A pesar de ello, no solo ocultaron sus investigaciones internas, sino que manipularon los niveles químicos del cigarrillo y diseñaron campañas publicitarias dirigidas a adolescentes para asegurar clientes de por vida.
Hoy en día, Meta y otras plataformas enfrentan acusaciones idénticas. Múltiples fiscales generales de decenas de estados en Estados Unidos han llevado a Meta ante los tribunales, e investigaciones judiciales han derivado en multas millonarias contra la empresa. La base de estas demandas es que la compañía actuó con la misma lógica que las tabacaleras: mediante filtraciones de documentos internos —como los conocidos Facebook Files— se demostró que la empresa sabía con certeza que plataformas como Instagram agravan la depresión, la ansiedad y los trastornos de imagen corporal en jóvenes y adolescentes. A pesar de contar con esta evidencia, sus ingenieros continuaron perfeccionando algoritmos, notificaciones intrusivas y mecanismos de desplazamiento infinito expresamente diseñados para enganchar la química cerebral de los menores y maximizar su tiempo en pantalla.
Bajo este argumento de adicción provocada, diversos gobiernos están justificando medidas drásticas. Al explicar la ley de restricción para menores aprobada en su país, UNICEF declaró: “El gobierno afirma que la prohibición de las redes sociales es necesaria para proteger la salud mental y el bienestar de los niños y adolescentes australianos. Consideran que los riesgos de las redes sociales, como el ciberacoso, el contenido dañino y los depredadores en línea, superan los beneficios”. En esa misma dirección, el presidente francés Emmanuel Macron respaldó la prohibición para menores de 15 años declarando: “El mensaje es muy claro: los cerebros de nuestros niños y adolescentes no están a la venta. Sus emociones no están a la venta, ni deben ser manipuladas, ya sea por plataformas estadounidenses o por algoritmos chinos”.
Sin embargo, detrás de esta aparente protección se esconde un cambio conceptual profundo que muchos están ignorando. Mientras que el daño producido por el tabaco o el alcohol en los pulmones y el hígado es un hecho biológico y cuantificable en cualquier laboratorio, el concepto de “salud mental” se está evaluando desde un marco muy distinto: el paradigma de la cultura terapéutica.
De proteger el cuerpo a regular la conciencia
En su célebre análisis sociológico El triunfo de lo terapéutico, Philip Rieff explicó cómo la sociedad occidental se enmarca en la lógica del “hombre terapéutico”, para quien el bien supremo no es la verdad o la virtud, sino la búsqueda del bienestar psicológico, la paz emocional y la ausencia de incomodidad personal. Y cuando este pensamiento domina la sociedad, la definición de “daño” deja de ser algo puramente físico y se vuelve sumamente elástica y subjetiva.
Hoy se asume que cualquier experiencia, conflicto o influencia externa que genere ansiedad, tristeza o frustración en un joven constituye un ataque directo a su salud mental. Pero la mente humana no funciona como un hígado expuesto al alcohol. Las causas detrás de la depresión o la ansiedad de un adolescente son enormemente complejas e incluyen crisis familiares, presiones escolares, falta de propósito o la pérdida de vínculos comunitarios reales. Al empaquetar todos estos malestares bajo la etiqueta de “daños a la salud mental causados por un agente externo”, se le concede al Estado la facultad de definir qué contenidos, ideas o entornos son psicológicamente seguros para la población.
Esto sienta un precedente sumamente peligroso para la libertad de conciencia y la autonomía familiar. Si aceptamos que el gobierno tiene la autoridad de prohibir cualquier herramienta o mensaje que considere un riesgo para la salud emocional de los jóvenes, ¿qué impedirá que en el futuro utilice ese mismo argumento contra convicciones espirituales o morales? Por ejemplo, si el día de mañana un gobierno secular determina que enseñar a los niños la doctrina del pecado original, la existencia del infierno o la disciplina familiar tradicional genera ansiedad y trauma emocional en los menores, el Estado podría prohibir el acceso de los niños a esas enseñanzas bajo la misma premisa de proteger su salud mental.
Esta preocupación no pertenece al campo de la ciencia ficción; es una realidad en varias partes del mundo. En China, las leyes estatales prohíben estrictamente que los menores de 18 años reciban educación religiosa, ingresen a lugares de culto o participen en actividades de fe, bajo el argumento de proteger sus mentes de influencias doctrinales. De igual manera, en Tayikistán, la ley de responsabilidad parental sanciona a los padres que permitan a sus hijos menores de edad participar en comunidades religiosas o leer literatura sagrada no aprobada por el gobierno.
Por esta razón, aunque muchos padres y líderes cristianos puedan sentirse tentados a celebrar las prohibiciones estatales a las redes sociales como un alivio rápido frente a la corrupción digital, es vital mirar el panorama completo. Al aplaudir que el gobierno intervenga para regular lo que entra en las mentes de los hijos, estamos cediéndole al Estado una atribución que nunca le perteneció: la potestad de actuar como el guardián de la conciencia, la mente y la salud emocional de las próximas generaciones.
¿Celebramos las prohibiciones?
A la luz de todo este debate, ¿deberíamos celebrar la decisión de Francia y Australia de prohibir el acceso a redes sociales a los menores de edad? ¿Deben los cristianos alegrarse por las multas millonarias impuestas a gigantes tecnológicos como Meta? Más aún, si propuestas similares llegaran a presentarse en los parlamentos de nuestros propios países, ¿deberíamos apoyarlas activamente?
La respuesta a estas preguntas pertenece al ámbito de la conciencia individual y la prudencia cívica de cada creyente. Habrá cristianos que apoyen estas medidas como un cerco legítimo de protección, y otros que las rechacen por los riesgos legales, técnicos y de privacidad que conllevan. Sin embargo, más allá de la postura política personal, la Iglesia debe extraer conclusiones fundamentales basadas en la distinción teológica que existe entre el papel del gobierno civil y la labor del pueblo de Dios.
Al reflexionar sobre la relación entre el Estado y la fe, Wayne Grudem explica cómo Jesucristo marcó un límite histórico trascendental en Mateo 22:21, cuando dijo: “den a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios”. Sobre este pasaje, Grudem señala:
Jesús muestra que debe haber dos esferas de influencia diferentes, una para el gobierno y otra para la vida religiosa del pueblo de Dios. Algunas cosas, como los impuestos, pertenecen al gobierno civil (‘las cosas que son de César’), y esto implica que la Iglesia no debe intentar controlarlas. Por otro lado, algunas cosas pertenecen a la vida religiosa de las personas (‘las cosas que son de Dios’), y esto implica que el gobierno civil no debe intentar controlar esas cosas. Jesús no especificó una lista de qué pertenece a cada categoría, pero la mera distinción de estas dos categorías tuvo un significado monumental para la historia del mundo.
Aunque en la práctica existen áreas grises donde la moralidad pública y la fe se cruzan, tener clara esta distinción nos deja dos implicaciones vitales frente al actual movimiento de prohibición digital.
En primer lugar, reconocer un daño no significa que la solución pertenezca al Estado. Ser plenamente conscientes de los estragos que las redes sociales están causando en la juventud no equivale automáticamente a celebrar que el gobierno asuma el control de la situación. En diversas ocasiones, en BITE hemos expuesto y analizado los efectos nocivos de las pantallas en la salud mental y la atención de los jóvenes. Pero diagnosticar correctamente un problema cultural no significa que debamos buscar su remedio en las leyes civiles.
Tanto el gobierno como la Iglesia están sujetos a la autoridad soberana de Dios y ambos tienen mucho que aportar a la moralidad de una sociedad. Sin embargo, no debemos confundir sus funciones. Como hemos visto, permitir que el Estado regule el acceso a contenidos justificándose en el cuidado de la salud mental o emocional abre una puerta que podría volverse en contra de la libertad religiosa y de conciencia en el futuro. Esta realidad debe llevarnos a pensar más allá de la celebración superficial de una prohibición y a analizar las consecuencias que, a largo plazo, generaría el otorgarle ese poder a la legislación secular.
En segundo lugar, el Estado no puede discipular el corazón. Independientemente de si existen o no restricciones legales, no podemos delegarle al gobierno la responsabilidad de formar el carácter de nuestros jóvenes frente a la tecnología. Si un país prohíbe las redes sociales hasta los 15 años, el peligro no desaparece; un joven puede volverse profundamente adicto al entorno digital el día de su cumpleaños número 16 si carece de dominio propio.
El uso del tiempo, el consumo de imágenes, la forma de relacionarse con los demás y la pureza de la mente son, ante todo, asuntos de conciencia. Y formar la conciencia es un terreno que le pertenece principalmente a la familia y a la Iglesia. La tarea pastoral de enseñar a un adolescente a navegar por un mundo hiperconectado basándose en la sabiduría bíblica, el amor a Dios y el temor reverente, no puede ser sustituida por un algoritmo de bloqueo estatal.
Por tanto, sin importar qué leyes se aprueben en Occidente en los próximos años, ningún padre cristiano debe confiar en que una norma gubernamental criará y protegerá el alma de sus hijos. La verdadera respuesta frente al asedio del mundo digital no provendrá de los juzgados ni de los parlamentos, sino de hogares comprometidos con el discipulado y de iglesias dispuestas a modelar una vida comunitaria tan real, profunda y transformadora, que haga palidecer la falsa conexión que ofrecen las pantallas.
Nota del editor: Este artículo fue redactado por David Riaño y las ideas le pertenecen, a menos que se especifique explícitamente lo contrario. Para elaborarlo, el autor ha utilizado herramientas de IA como apoyo, sin embargo, ha revisado todo el texto y es el responsable final del contenido publicado y de la veracidad de este.
Referencias y bibliografía
Meta faces $1.4 trillion lawsuit | FRANCE 24 English – YouTube
Jury selection begins in Meta youth harms trial in California | ABC News
Senator Mary Coyle Topic Intervention 602779 – 32 | Senate of Canada
France becomes first EU country to ban social media access for under-15s | The Guardian
Social Media Minimum Age | OAIC
Social media ban in Australia | UNICEF Australia
History of Prohibition | TED-Ed – YouTube
Beecher’s Sermon on Intemperance de Lyman Beecher | University of Virginia
Alcohol and the Adolescent Brain | National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism
Politics According to the Bible: A Comprehensive Resource for Understanding Modern Political Issues in Light of Scripture (2010) de Wayne A. Grudem. Grand Rapids: Zondervan
Is social media facing its “big tobacco” moment? | Terry College of Business
The Facebook Files | The Wall Street Journal
Macron says France to fast-track ban on social media for kids under 15 | Euractiv
Espiritualidad terapéutica | BITE
China: Children, education and freedom of religion | CSW
2023 Report on International Religious Freedom: Tajikistan | U.S. Department of State
